Introducción a la derivación de responsabilidad tributaria a terceros.

Introducción a la derivación de responsabilidad tributaria a terceros: tipos y supuestos.

La responsabilidad tributaria es un componente crucial en el sistema fiscal de cualquier país, estableciendo quiénes son los actores responsables de cumplir con las obligaciones impositivas y qué consecuencias pueden surgir en caso de incumplimiento. En España, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (“LGT”) regula estos aspectos, definiendo responsabilidades tanto solidarias como subsidiarias.

El artículo 41 LGT recoge que “la ley podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, a otras personas o entidades. A estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de esta ley”.

A su vez, la mencionada norma sostiene que, salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. Además, y sin perjuicio de que una norma con rango de ley disponga otra cosa, “la derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance y extensión (artículo 41.5)”.

Por otro lado, resulta de interés señalar que los responsables tendrán derecho de reembolso frente al deudor principal en los términos previstos en la legislación civil.

Llegados a este punto, y atendiendo a lo establecido en el artículo 36 LGT, debe distinguirse entre sujeto pasivo de la obligación tributaria, contribuyente y sustituto del sujeto pasivo. En cuanto al sujeto pasivo, el legislador indica que lo será “el obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como contribuyente o como sustituto del mismo. No perderá la condición de sujeto pasivo quien deba repercutir la cuota tributaria a otros obligados, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa”. Por su parte, el contribuyente será aquél sujeto pasivo que efectivamente realice el hecho imponible. Y, por último, será sustituto aquél sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, quede obligado a cumplir tanto la obligación tributaria principal, como las obligaciones formales inherentes a la misma.

Por último, debe ponerse de manifiesto que la responsabilidad tributaria existe en tanto en cuando hay otras personas obligadas al pago de la deuda tributaria como sujetos pasivos o deudores principales. De esta manera, podemos afirmar que la responsabilidad tributaria no constituye un fin en sí misma, sino que la obligación del responsable tributario no puede nacer, ni tampoco subsistirá, sin el fundamento de otra obligación válidamente constituida. Ello radica en que los responsables tributarios, pese a no ser los deudores principales, son personas a las que se puede exigir el pago de la deuda tributaria de manera solidaria o subsidiaria, como bien se ha mencionado con anterioridad.

Responsabilidad solidaria.

La responsabilidad solidaria, según el artículo 42 de la Ley General Tributaria, implica que varias personas comparten la carga de cumplir con las obligaciones tributarias. Concretamente, se recoge que los supuestos de responsabilidad solidaria más comunes son:

  •  
    Los que causen o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria.
  •  
    Los partícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición.
  •  
    Los que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio.
  •  
    Los que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria.
  •  
    Los que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo.
  •  
    Los que, con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la constitución de la garantía, colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes o derechos embargados, o de aquellos bienes o derechos sobre los que se hubiera constituido la medida cautelar o la garantía.
  •  
    Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, una vez recibida la notificación del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de aquéllos.

Por su parte, el apartado 7 del artículo 35 de la normada citada indica que “la concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que por ley se disponga expresamente otra cosa”.

Resulta de interés señalar que para que sean exigibles las deudas existentes al responsable solidario, no es necesario que se justifique la insolvencia total o parcial del deudor principal. Esto implica que la Administración puede dirigirse al presunto responsable solidario en cualquier momento siempre y cuando haya transcurrido el plazo de ingreso voluntario del deudor principal.

La razón de ser de este tipo de responsabilidad radica en la necesidad de que la Hacienda Pública, logre garantizarse el cobro de las deudas tributarias contraídas por el obligado principal ante su falta de pago. Así, en caso de incumplimiento por parte del contribuyente principal, los responsables solidarios pueden ser llamados a responder ante la administración tributaria.

Breve supuesto de responsabilidad solidaria.

Imaginemos una empresa de construcción, CONSTRUCTORESA S.A. que subcontrata a varias empresas (Excavaciones Martínez S.L e Ingeniería Conservación S.A.) para realizar trabajos específicos en un proyecto de construcción en Salcedillo, Teruel. Debe ponerse de manifiesto que, pese a que las entidades subcontratadas eran independientes, la empresa principal, CONSTRUCTORESA S.A., tiene una influencia significativa en la gestión y dirección de las operaciones que atañan a las mismas.

El problema surge en el momento en el que una de las dos empresas subcontratadas, Excavaciones Martínez S.L., no cumple con sus obligaciones fiscales, concretamente con las que tienen que ver con el IRPF y el IVA. Por eso, la Agencia Tributaria toma la decisión de abrir una investigación y concluye que, efectivamente, el subcontratista no había pagado correctamente los impuestos mencionados.

En virtud del artículo 42 de la Ley General Tributaria, la empresa principal fue considerada responsable solidaria de las deudas tributarias de las subcontratistas. La razón detrás de esta responsabilidad radicaba en la influencia y participación activa de la empresa principal en la gestión de las subcontratistas, lo que le confería un grado de responsabilidad sobre las obligaciones tributarias de estas.

Como resultado, la Agencia Tributaria dirigió sus esfuerzos tanto a las subcontratistas como a la empresa principal para el recupero de las deudas tributarias pendientes. La empresa principal se vio obligada a asumir la responsabilidad de las deudas tributarias no pagadas por las subcontratistas y a realizar los pagos correspondientes.

CONSTRUCTORESA S.A. al realizar el pago de la deuda tributaria, tiene el derecho de reclamar a Excavaciones Martínez S.L. el reembolso correspondiente o buscar una compensación por medio de acuerdos contractuales.

Responsabilidad subsidiaria.

La responsabilidad subsidiaria, regulada por el artículo 43, se aplica a representantes y colaboradores sociales. En este caso, aquellos que ocupan roles directivos o administrativos pueden ser considerados responsables subsidiarios de las deudas tributarias de la entidad que representan. Concretamente, se recoge que los supuestos de responsabilidad subsidiaria son:

  •  
    Los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones.
  •  
    Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.
  •  
    Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones e imputables a los respectivos obligados tributarios.
  •  
    Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria.
  •  
    Los representantes aduaneros cuando actúen en nombre y por cuenta de sus comitentes.
  •  
    Las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal, por las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación.
  •  
    Las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas jurídicas o en las que concurra una voluntad rectora común con éstas.
  •  
    Las personas o entidades de las que los obligados tributarios tengan el control efectivo, total o parcial, o en las que concurra una voluntad rectora común con dichos obligados tributarios.
  •  
    Los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas obligadas a efectuar la declaración e ingreso de deudas tributarias derivadas de tributos que deban repercutirse o de cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios[2].

La responsabilidad subsidiaria recae en un sujeto cuando se produce el incumplimiento del pago de una deuda por parte del contribuyente principal. Por lo general, se busca identificar a aquellos que tienen un interés directo o están relacionados de alguna manera con el contribuyente principal, de modo que puedan ser responsables en caso de incumplimiento.

Sin embargo, a diferencia de la responsabilidad solidaria, en este supuesto sí que resulta necesario, para exigir las deudas existentes al responsable subsidiario, justificar la insolvencia total o parcial del deudor principal y de los responsables solidarios si los hubiere. Es importante señalar que la responsabilidad subsidiaria no exime al contribuyente principal de su obligación original.

Breve supuesto de responsabilidad subsidiaria.

En el año 2022, un equipo profesional de baloncesto que juega actualmente en la ACB incumplió, durante varios años, con el pago de sus obligaciones tributarias, concretamente los impuestos de sociedades y el IVA.

Por ello, y pese a no ser el contribuyente directo, el expresidente de dicho club fue declarado responsable subsidiario de las deudas tributarias de la entidad que dirigía. Concretamente, el expresidente de la entidad fue acusado de no haber adoptado las medidas necesarias para evitar el impago de impuestos por parte del club. Se argumentó que, como máximo responsable de la entidad, tenía el deber de supervisar adecuadamente las obligaciones tributarias y garantizar su cumplimiento.

Las implicaciones de que se declarara al expresidente del club como responsable subsidiario supusieron que, en caso de que el club no pudiera afrontar sus obligaciones fiscales, éste sería llamado a responder personalmente por la deuda, utilizando sus propios recursos personales.

Esto tiene su razón de ser en que, en virtud del del artículo 43 de la Ley General Tributaria los representantes y colaboradores sociales pueden ser responsables subsidiarios de las deudas tributarias de la entidad que administran.

Principales diferencias entre la responsabilidad solidaria y subsidiaria

La principal diferencia radica en la naturaleza de la obligación. En la responsabilidad solidaria, los obligados comparten la responsabilidad total desde el principio, mientras que, en la responsabilidad subsidiaria, la persona o entidad asume la responsabilidad solo en caso de que el contribuyente principal no pueda cumplir con sus obligaciones tributarias.

Concretamente, la responsabilidad solidaria se caracteriza por:

  •  
    Cada responsable solidario puede ser requerido por la totalidad de la deuda tributaria.
  •  
    Si un responsable solidario paga la deuda, tiene el derecho de exigir a los demás responsables que contribuyan a su parte proporcional.
  •  
    Hacienda puede exigir el pago a cualquiera de los responsables solidarios, sin necesidad de seguir un orden específico.

Por su parte, en la responsabilidad subsidiaria encontramos las siguientes características:

  •  
    La persona o entidad con responsabilidad subsidiaria solo será requerida si el contribuyente principal no puede cumplir con la deuda tributaria.
  •  
    Existe un orden de preferencia para el cobro, es decir, primero se intenta el cobro al contribuyente principal y, si este no puede pagar, se recurre al responsable subsidiario.
  •  
    La responsabilidad subsidiaria es secundaria y se activa en situaciones específicas, como la insolvencia del contribuyente principal.

Conclusión

A modo de conclusión, la responsabilidad tributaria es un aspecto crítico del sistema fiscal, diseñado para garantizar que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones. El incumplimiento de las obligaciones tributarias puede tener consecuencias significativas. Por todo ello, la diligencia y la transparencia en la gestión fiscal son las mejores herramientas para evitar consecuencias financieras no deseadas y contribuir al buen funcionamiento del sistema tributario.


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