La remuneración de un miembro del órgano de administración de una sociedad puede estar sujeta a IVA en determinadas circunstancias.

La remuneración de un miembro del órgano de administración de una sociedad puede estar sujeta a IVA en determinadas circunstancias

¿Debe ser considerada como actividad económica sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) la actividad realizada por un miembro del órgano de administración de una sociedad?

Se trata de una cuestión que ha adquirido especial relevancia en los últimos tiempos. Por ello, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) se ha pronunciado recientemente al respecto a través de la Sentencia de 21 de diciembre de 2023, asunto C-288/22.

Esta sentencia, que puede llegar a afectar a nuestro marco jurídico interno, resuelve dos cuestiones prejudiciales planteadas por un tribunal luxemburgués en el marco de un litigio entre una persona física y la administración tributaria luxemburguesa, al considerar esta última que deben quedar sujetos al IVA los servicios prestados por aquélla, al ser miembro de los Consejos de Administración de varias sociedades anónimas luxemburguesas y por los que recibe una retribución -bien en un porcentaje del beneficio obtenido por dichas sociedades, o bien en una cantidad a tanto alzado-.

Cabe señalar que, el artículo 2.1.c) de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006 (“Directiva del IVA”) declara sujetas al impuesto “las prestaciones de servicios realizadas a título oneroso en el territorio de un Estado miembro por un sujeto pasivo que actúe como tal”. En este sentido, el artículo 9.1 de la Directiva, recoge que serán considerados sujetos pasivos del impuesto “quienes realicen con carácter independiente, y cualquiera que sea el lugar de realización, alguna actividad económica, cualesquiera que sean los fines o los resultados de esa actividad”.

El TJUE, a la luz del contenido de la Directiva mencionada con anterioridad, trata de aclarar dos grandes cuestiones: cuándo puede entenderse que un consejero realiza una actividad económica y cuándo la actividad económica ejecutada debe entenderse realizada con carácter independiente.

En cuanto a la primera de ellas, el TJUE llega a la conclusión de que sí existe la realización de una actividad económica para el supuesto de hecho expuesto. Esto se debe a que el tribunal entiende que un consejero realiza una actividad económica en el sentido del artículo 9.1 de la Directiva si efectúa una prestación de servicios a título oneroso a favor de la sociedad (conforme a lo recogido en el artículo 2.1 de la Directiva), con carácter de permanencia, y a cambio de una remuneración cuyas modalidades de fijación son previsibles.

Por otro lado, y atendiendo a la segunda de las cuestiones (carácter independiente de la actividad económica realizada), lo primero que de debe hacer es valorar y analizar si efectivamente se produce una relación de subordinación en el ejercicio de la actividad. Para ello, “ha de comprobarse si la persona afectada ejerce su actividad en su nombre, por su propia cuenta y bajo su propia responsabilidad, y si soporta el riesgo económico ligado al ejercicio de esas actividades (Sentencia de 13 de junio de 2019, asunto C-420/18)”.

En este sentido, el TJUE sostiene que “procede en particular, tener en cuenta las normas de Derecho nacional que regulan el reparto de responsabilidades entre los miembros del consejo de administración y la sociedad de que se trate (…). El hecho de que tal reparto de responsabilidades se encuentre de manera análoga o equivalente en las relaciones que unen a un asalariado con su empresario puede indicar que tales miembros no actúan bajo su propia responsabilidad”. Por lo tanto, si se concluye que el consejero no actúa bajo su responsabilidad, implicaría entonces que actúa por cuenta de la sociedad, dado que la actuación del consejero o administrador será en interés y por cuenta de la sociedad.

Además, y analizando el pronunciamiento del TJUE, debe determinarse si, conforme al marco jurídico nacional, los miembros del consejo de administración asumen obligaciones respecto de las deudas de la sociedad, siendo irrelevante a estos efectos que el consejero o administrador perciba su remuneración como porcentaje de los beneficios de la sociedad.

En definitiva, siguiendo al TJUE «la actividad de miembro del consejo de administración de una sociedad anónima luxemburguesa no se realiza con carácter independiente, a efectos de dicha disposición, si, a pesar de que ese miembro organiza libremente el régimen de ejecución de su trabajo, percibe él mismo las retribuciones que constituyen sus ingresos, actúa en nombre propio y no está sometido a una relación de subordinación jerárquica, no actúa por su cuenta ni bajo su propia responsabilidad y no soporta el riesgo económico ligado a su actividad». En este supuesto, con arreglo a la interpretación del TJUE, nos encontraríamos ante una actividad que no sería independiente y, por lo tanto, no estaría sujeta a IVA (pero sí a IRPF). Si, en cambio, el administrador actúa por su cuenta o bajo su responsabilidad, sin que sus iniciativas y propuestas de acuerdo deban estar ratificadas por otros miembros del órgano de administración o por la Junta General de socios o accionistas, y soporta el riesgo económico ligado a su actividad (aspecto clave en esta cuestión), esto es, su retribución depende directamente de su actividad concreta como administrador o consejero e incluso puede participar del riesgo y ventura del resultado de sus decisiones en los resultados de la sociedad, sí nos encontraríamos ante una actividad independiente sujeta a IVA, de conformidad con el artículo 9 de la Directiva.

Esta importante sentencia obliga a las personas que se encuentren en esta situación a revisar la correcta tributación de las partidas de remuneración que obtengan de la sociedad de cuyo órgano administración formen parte, con el fin de evitar una calificación de dichas actividades por parte de la Administración Tributaria contraria a la que estaban esperando (sujeción a IVA en lugar de sujeción a IRPF), y las nocivas y desagradables consecuencias que se derivarían de ello, en forma de ingresos indebidos a la vez que de sanciones, recargos e intereses.

Como siempre, desde LegalTax podemos facilitarle más información sobre esta cuestión y evaluar su situación personal.

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